CIUDAD DE MÉXICO — Las autoridades hondureñas detuvieron el lunes en Tegucigalpa a cuatro sospechosos de estar involucrados en el asesinato en marzo de la activista medioambiental Berta Cáceres, un crimen que provocó una amplia condena internacional.
Dos de los detenidos están vinculados con la empresa Desarrollos Energéticos, DESA, que construye el embalse de Agua Zarca en el río Gualcarque, sagrado para el pueblo lenca, al que pertenecía Berta Cáceres, que dirigía la oposición al desarrollo del proyecto. Había denunciado numerosas amenazas por su activismo. Varios miembros de su organización ya habían sido asesinados antes que ella.
Uno de los sospechosos es el responsable de asuntos sociales y medioambientales de la empresa, Sergio Rodríguez Orellana. DESA emitió un comunicado en el que se mostró “sorprendida” por el arresto y afirmó que “confía en que todas las acciones de sus empleados están en el marco de la ley” al mismo tiempo que negó “cualquier conexión material o intelectual con el asesinato” y que ha respondido a todas las peticiones de información de las autoridades.
Otro de los sospechosos, Geovanny Bustillo, había trabajado en el pasado para una empresa de seguridad contratada por el proyecto del embalse según confirmó DESA.
Un portavoz del ejército confirmó que los dos sospechosos son militares en retiro. Uno de ellos un mayor y el otro un capitán.
Berta Cáceres ganó el año pasado el prestigioso Premio Goldman que reconoce la labor de defensores de la tierra, pero el reconocimiento internacional no fue suficiente para protegerla. El 3 de marzo, un grupo de hombres armados entró de noche en la casa en la que dormía en la Esperanza, Intibucá, al oeste de Honduras y la asesinó.
Desde el asesinato, el gobierno hondureño ha estado bajo presión para descubrir qué fue lo sucedido y quiénes sus responsables. El Presidente Juan Orlando Hernández trata de mejorar la imagen del país en el extranjero pero Honduras es uno de los países más violentos y peligrosos del mundo.
Además de la violencia relacionada con las pandillas y el narcotráfico, los asesinatos de periodistas, abogados y activistas son habituales en el país, especialmente desde un golpe de Estado que derrocó al Presidente Manuel Zelaya en 2009.
El lunes, Félix Molina, un periodista local muy vinculado al movimiento de Berta Cáceres, recibió dos disparos en las piernas en pleno centro de la capital, Tegucigalpa.
La familia de Berta Cáceres dijo que supo de los arrestos por la prensa y cuestionaron que la investigación vaya a llevar a descubrir a quiénes planearon y ordenaron el asesinato. Cáceres tenía cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero en el momento de su asesinato, la policía no vigilaba la casa en la que estaba.
La familia y la organización que fundió y dirigía, el Consejo Popular de Organizaciones Indígenas de Honduras, dijeron en su comunicado que “hemos sido excluidos desde el principio del proceso de investigación y no tenemos manera de juzgar si los arrestos son producto de una investigación exhaustiva o si incluyen a los autores intelectuales en todos sus niveles”.
La familia ha pedido una investigación independiente por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero el gobierno de Honduras ha rechazado esa posibilidad.
“Como hemos dicho desde el asesinato, el gobierno de Honduras carece de la credibilidad y la voluntad política para manejar una investigación justa, profunda y profesional”.
22:19
Internarionalnews

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